[Opinión] Aula Segura: Exclusión Social y Coherencia con la Educación Chilena

En el siguiente artículo el sociólogo Octavi Echeverría analiza las principales implicancias de la propuesta “Aula Segura” del gobierno, detallando las razones de por qué es una idea excluyente  que define “los buenos y los malos” de una manera arbitraria. 

Por Octavio Echeverría, Sociólogo. Coordinador General de Proyecto en ONG ICAL Atacama.

El jueves 20 de septiembre del presente año, con el país aún encañado en las celebraciones de fiestas patrias, se nos anunciaba en televisión la presentación del Proyecto de Ley Aula Segura. Este proyecto concede una potestad desmesurada, ilegitima y totalmente autoritaria, en los/as directores de colegios dotándolos/as de un poder sancionador alejado de todo derecho, garantía y presunción de inocencia, pudiendo aplicar la expulsión inmediata del alumnado tildado u asociado con actos de manifestación violenta contra el orden público. Esto es debido a que existe, según el Gobierno, un alza considerable e incontrolable de los desórdenes y manifestaciones violentas cometidas por liceanos, principalmente en Santiago, motivo por el cual los/as violentistas deben ser apartados/as de los colegios, para asegurar la protección de los/as demás actores del cuerpo estudiantil.

Numerosos son los actores y estamentos sociales que han salido a criticar y a oponerse a esta iniciativa Aula Segura del Gobierno, no solo actores estudiantiles, tildándola de inconstitucional, pues no hay garantía de debido proceso, y también tachándola como un esfuerzo más para la criminalización y persecución de la protesta social. Ni siquiera el poder político legislativo le dio el visto bueno, pues el revés más importante hasta el momento para el proyecto se dio en el congreso nacional el día martes 9 de octubre, donde gran parte del proyecto fue catalogado de inconstitucional por parte de la comisión a cargo de constitución. Aun así, el proyecto ahora pasa a la comisión de educación del Senado para poder ser objeto de discusión, y de no pasar dicha comisión sería totalmente rechazado el proyecto y no ingresaría a sala.

Pero ¿qué revela esta iniciativa sobre el funcionamiento de nuestro sistema educacional?, pues cabe decir que Aula Segura no es un proyecto con una racionalización antojadiza, populista e ignorante, sino que responde a una concepción histórica – ideológica sobre el modelo educacional formal (básica y media), y en este sentido es acorde al funcionamiento de nuestro sistema educacional excluyente actual. Por lo tanto, Aula Segura revela de manera menos solapada, más directa, el objeto de producción de exclusión valida de la educación formal básica y media en Chile.

El caracter normativo de la educación es esencialmente excluyente.

Estudios sobre exclusión escolar y social dentro de las escuelas (Tsukame, 2010; Echeverria, 2015)[1]muestran que la lógica con la cual opera el sistema educativo formal es la de una producción valida de exclusión social, de excluidos y de excluidas. Mediante el ejercicio de un poder institucional normativo castigador que establece una lógica de definición de sanciones y correcciones basado no solo en el ejercicio evaluativo educacional (notas y comportamiento), sino que también en la extrapolación de los prejuicios, desigualdades y discriminaciones presentes en la sociedad (estereotipos, clasismo, racismo, machismo, etc.). La realidad sobre la vivencia escolar establece la producción y reproducción de discursos y prácticas de diferenciación y discriminación presentes en la sociedad actual, extrapolándose desde los sistemas del entorno educacional hacia el aula, y que definen posteriormente las trayectorias educacionales y de vida de los/as afectados/as.

Es así que las prácticas y medidas normativas y correctivas hacia rendimientos, comportamientos y estereotipos en la educación formal son aplicadas mediante un castigo, una sanción, la cual posee como finalidad no la misma corrección/adecuación educacional, sino que, primero, la identificación y catalogación de los/as “malos componentes”, aquellos/as inadaptados/as objetos de sanción, y segundo, la exclusión paulatina de estos/as inadaptados/as mediante sanciones y ejercicios de poder excluyentes. La lógica se reduce a apartar lo “malo” para así conservar lo “bueno”, en lo que es una directa distinción arbitraria, discriminadora y excluyente. Así lo demuestran los castigos aplicados: “echar de la sala”, “suspensiones”, “condicionalidades”, “expulsiones”, etc., inclusive las malas notas y anotaciones negativas, las cuales van apartando progresivamente al alumnado sancionado de posiciones de inclusión, integración y
participación educativa. En este mismo análisis, y de manera más macro, entran las pruebas estandarizadas que distinguen y profundizan las desigualdades y las exclusiones entre planteles educacionales segregados, ubicando a los más vulnerables en posiciones de exclusión más profundas.

Por lo cual la educación como medio de movilidad social y/o herramienta que rompe los ciclos de desigualdad, pobreza, y exclusión, se ve sometida a ser, por el contrario, una máquina de validación de la reproducción de las mismas desigualdades y exclusiones sociales.

Es por esto que el proyecto de ley Aula Segura guarda una profunda lógica que se ubica en el lado ideológicamente correcto del sistema actual, pues conjuga exactamente la funcionalidad de este, la funcionalidad solapada, la de distinguir elementos y la de excluirlos. Lo que en el caso de Aula Segura está dado por la expulsión inmediata, lo que sería distinción y castigo en la misma acción.

Aula Segura posee como finalidad la distinción de sujetos/as peligrosos/as, inadecuados/as para el sistema hegemónico, desadaptados objetos de exclusión social, por lo tanto, en esta misma línea de adjudicación de peligrosidad/desorden/estereotipo se valida la corrección y el castigo, se legitima la exclusión como medida de sanción, pues quien rompe la norma elige/opta por la exclusión futura de su ser, opta por la delincuencia, la exclusión así se disfraza de autoexclusión. Más aun cuando la alarma mediática se pone en torno a la necesidad de una ley de Aula Segura como medida de protección de la propia comunidad educativa frente a la violencia.  Con esto la institucionalidad se libra del peso de la discriminación, solapándola con la necesidad de proteger a la demás comunidad educativa, lo que valida y legitima, vuelve necesaria la exclusión.

La cuestión entonces es más simple, pues se trata de la mera distinción entre un nosotros incluido y una otredad excluida y como la educación funciona como máquina de validación arbitraria de esta distinción y sus discriminaciones. El nosotros está definido por lo hegemónicamente esperable y valorable como cualidades y características sociales dentro de nuestro sistema social, el orden, el respeto a la autoridad, la competencia, la piel blanca, ser profesionales, la masculinidad, el consumo, la felicidad mediante el éxito, la propiedad privada, el mercado, etc., todos los medios, cualidades y características ideológicas y prácticas para la reproducción del sistema social, en cambio en la otredad se ubican todas las cualidades, características y medios que se oponen, resisten, discuten y/o atacan a las nociones y significados hegemónicos del “nosotros”, pobreza, flaytismo, cumismo, delincuencia, comunitarismo, cultura local, negritud, indigenismo, feminismo, y/o militancias de alternativas sistémicas. Cabe destacar que desde esta mirada ideológica la otredad está compuesta, por una generalidad formada por delincuencia y alternativas políticas no hegemónicas, por migrantes e indígenas, por pobres y excluidos, por lo tanto, todos/as ellos/as son objeto del mismo ejercicio de poder institucional normalizador correctivo y sancionador, esto es criminalización, persecución, sanción, encarcelación y/o exclusión social.

Aula Segura no es más que el reflejo prístino de la funcionalidad del sistema educativo formal chileno, tan prístino que llega a ser inconstitucional, incluso en una constitución que abraza la exclusión y la desigualdad

[1]Echeverria, O. (2015). “La escuela es como la Cárcel”.La vivencia de la educación formal y su incidencia en la inclusión/exclusión social de los/as jóvenes condenados/as por la ley de responsabilidad penal adolescente, atendidos/as por el Programa Padre Luis Amigó de Concepción.Tesis presentada para optar al título profesional de Sociólogo. Universidad de Concepción.

Tsukame, A. (2010). “Deserción escolar, reinserción educativa y control social del delito adolescente”.Revista de la Academia. Santiago de Chile.

 

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