[Opinión] Racismo, xenofobia y aporofobia, lo que está detrás del rechazo al Pacto Migratorio de la ONU

El rechazo al Pacto Mundial para la Migración parece revelar el sesgo de la política chilena en el tema. Las trabas que deben sortear los inmigrantes para validar sus títulos profesionales les hace caer en la irregularidad y la pobreza. Estos algunos de los tópicos que presenta la socióloga Susan Silva en la siguiente columna. 

Por Susan Silva,  socióloga de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Magíster en Políticas Públicas, Gobierno y Territorio de la Universidad Alberto Hurtado. 

Polémica ha generado el rechazo que Chile ha tenido respecto al Pacto Mundial para la Migración propuesto por la ONU. Entre las razones del gobierno estuvieron los dichos del Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, donde planteó que: “nosotros decidimos que la migración no es un derecho humano. El derecho lo tienen los países de definir las condiciones de ingreso de los ciudadanos extranjeros”. Si bien, para muchos esta decisión fue una desafortunada sorpresa, dicha postura viene a ratificar un camino que se ha venido cimentando desde hace largo tiempo.

Entre los 23 objetivos de este pacto mundial, se contempla: Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular; Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración; y proporcionar a los migrantes acceso a los servicios básicos; entre otros.  Todo ello, en un contexto donde Chile cuenta con un marco normativo para la migración creado en plena dictadura, bajo una modalidad rígida y burocrática. A esto se suman los datos de la Casen 2017, donde los migrantes residentes en Chile están en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad (de cada 100 inmigrantes, 25 no tienen acceso a salud, educación, seguridad social o vivienda). 

Los datos reflejan una realidad que pudiese haber sido abordada desde este pacto internacional. Sin embargo, Chile ha decidido poner sus propias reglas del juego, lo que resulta complejo, dado que, hasta ahora tanto el proceso regulatorio,  como el proyecto para una ley migratoria, han dado luces de estar formulados por principios más bien segregadores, sobre todo de aquellos más empobrecidos.  Las condiciones de ingreso de las que hablaba el subsecretario se reflejan en la rigidez de las barreras de entrada a aquellos migrantes “poco deseados”, hablamos de venezolanos, cubanos, colombianos y haitianos. Aquellos que por el costo que implica la revalidación de sus títulos, o por la dificultad de conseguir un contrato de trabajo, pasan a la irregularidad, sin poder optar a una visa y mucho menos una vivienda, aceptando las precarias condiciones de trabajo.

Frente a ello, el Estado ha concentrado sus fuerzas en la regularización y en la expulsión de los “indeseados”, como en el llamado Plan de Retorno Humanitario, donde han devuelto a 175 haitanos con la prohibición de retornar a Chile en los próximos 9 años. Ese vuelo llevaba en su interior a personas “negras y empobrecidas”, ahí no habían alemanes, españoles o portugueses de esos que colman el sur de Chile, dando a entender que lo que está detrás de todo esto es la expresión del racismo, la xenofobia y principalmente la aporofobia. Donde la actual política de Estado está más cercana a la Ley de Inmigración Selectiva promulgada en 1845 que buscaba “blanquear nuestro país”, que a un real marco en pro de la cohesión social de los migrantes.

Solo resta por decir que dificultar el paso no evita la necesidad de migrar, sino que solo vulnerará las condiciones de tránsito y estadía de quienes migran a Chile.

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